El estudio que está en su etapa final fue diseñado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y se basa puntualmente en el nivel de retenciones por cada cultivo. El mismo tiene muchas variables, como costo de semillas, fertilizantes, mano de obra, alquiler, entre otros.
Una vez cargado los datos, el programa arroja en un mapa lo que quedaría por producción, de acuerdo al rinde por hectárea y la zona donde se cultiva.
Un ejemplo: se aplica un derecho de exportación al maíz del 20% -que en la actualidad es del 8%-, la herramienta arrojará una caída de la producción y como consecuencia habrá un hundimiento de las futuras divisas, lo que redundaría en una menor recaudación.
Si por el contrario se da en un rango que va entre 10% al 15%, el ingreso fiscal mejoraría y no sería tan asfixiante para el chacarero. En pocas palabras se daría en un escenario de "equilibrio" para ambas partes.
En definitiva, el fin de la movida que viene haciendo el sector responde a abrir "puentes de diálogo" para con el equipo económico del Frente de Todos, y que viene a cuenta con las últimas declaraciones de Alberto Fernández donde adelantó que seguirá con las retenciones enfocadas en sectores como: agro, petróleo y minería. "Todos los que producen tendrán que hacer un esfuerzo", dijo el futuro presidente.
En la misma línea, el sector empresarial le acercó semanas atrás un aporte para erradicar el hambre a partir del desembolso del 1% de las ganancias. Sobre números de 2018, se estimó que con ingresos por US$36.000 millones, su aporte por mes llegaría a los US$30 millones, es decir unos $1.800 millones.
A cambio, el futuro gobierno no debería implementar "políticas del pasado", como el cierre de los mercados externos y el control de precios sobre los commodities, siempre y cuando se establezcan "retenciones acordes y con sensibilidad".
La agroindustria se comprometió "a trabajar en ampliar la superficie de siembra de trigo, soja, maíz, girasol, cebada y aumentar la producción de leche y carnes", según se puede leer en el documento que tiene en su poder Daniel Arroyo. Si bien ya hubo reuniones para entender el mecanismo y su aplicación, que sería a través de un fideicomiso, a la fecha no hubo mas avances.
Por lo pronto la nueva herramienta, que está en su etapa final, no sólo podrá evaluar el impacto en granos sino también a sectores como carnes y lácteos.
Otra es la apuesta de un bono fiscal que proponen los exportadores para que el productor liquide la soja por un lapso de 30 días. La medida es apoyada en parte por las entidades.
Se entiende que el campo se prepara ante lo que es inminente: una suba de las retenciones la cual no será segmentada como se hablaba al principio. Para el entorno de Fernández, esto es de difícil implementación.
El campo también habla que aprendió del pasado y sostiene que si es necesario harán una 250 (una doble 125). La sola posibilidad que se aumentaran las retenciones hizo que en los últimos días las entidades del agro las rechacen por completo.
