En sólo una semana, la construcción de esta novedad es “día a día”: lo que asomaba como una expropiación “forzosa”, ahora se avizora como una negociación con los accionistas en términos menos compulsivos.

No obstante, lo que aparece como inevitable es que de alguna manera el Estado terminará captando alguna participación en la administración de la agroexportadora de capitales nacionales más grande del país.

¿Qué implica esa decisión del Gobierno de transformarse en un nuevo “jugador” del mercado de granos?, ¿puede realmente transformarse en una empresa “testigo” que incida en los precios y en las operaciones de compraventa?, ¿es un argumento sostenible el de avanzar con esta decisión con el fin de defender la “soberanía alimentaria”?

Cinco especialistas consultados por Agrovoz aseguran que, en este caso, el mercado le pone un cepo al Estado para poder asumir un rol dominante en la determinación de las variables comerciales. Es decir, sólo por quedarse con Vicentin no podrá lograrlo.

Eso no quita que, a través de la aplicación de políticas preferenciales para la firma, eventualmente pueda distorsionar las lógicas que dominan el comercio agrícola. Por ejemplo, si reactivara la Junta Nacional de Granos o restableciera los registros de operaciones de exportación (ROE), medidas que podría llevar a cabo inclusive si no tomara control de Vicentin.

Miradas

“El 100 por ciento de los argumentos que esgrimió el Presidente para fundamentar la expropiación son sarasa (sic)”, resumió Teo Zorraquin, socio de la consultora Zorraquin+Meneses.

El primer punto: la confusión entre soberanía y seguridad alimentaria. “Soberanía es asegurar que la comida se produzca en tu país, y Argentina produce 10 veces más alimentos de los que consume. Seguridad es asegurarte que toda la gente coma, y eso ya es una cuestión de desigualdad. Pero uno puede tener seguridad alimentaria importando todo, por eso es una falacia”, explicó.

Respecto a la posibilidad de que sea una empresa “testigo”, dijo que la diferencia sustancial con una firma como YPF es que “acá no hay una concesión del subsuelo para extraer petróleo: Vicentin no tiene soja, la tiene que comprar a los productores y hay que ver si se la quieren vender sin que se meta el Estado con regulaciones”. Zorraquin no cree que puedan referenciar el mercado, pero sí distorsionarlo con alguna medida particular.

Para Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, otro punto clave es que ninguna agroexportadora tiene una participación que supere 15 por ciento, lo que implica un rubro atomizado y que impide que alguna de las compañías asuma una posición dominante.

“El mercado es competitivo y transparente. Un actor puede influir por oferta y demanda sólo en algún corto tiempo. Lo único que puede cambiar las cosas es que de repente las reglas no sean las mismas para todos, y eso sería muy grave”, remarcó Martínez.

En la misma línea opinó el analista Salvador Di Stefano. “Vicentin tiene 10 por ciento del mercado. Y no sabemos cuánto va a tener en el futuro, porque no sabemos si los productores le van a entregar. Es imposible inferir que pueda transformarse en una empresa testigo”, sintetizó.

Cotizaciones

Di Stefano también recordó que Argentina no es un mercado formador, sino tomador de precios. “El Estado podría pagar un mejor precio que sus competidores, pero al exportarlo con un valor fijado a nivel internacional terminaría con pérdidas en cada operación. Sería inviable”, explicó.

En el plano comercial, la analista de mercados Lorena D’Angelo sumó otro factor: la infraestructura de procesamiento y portuaria que tiene la compañía santafesina no es suficiente para ganar grandes cuotas en el mercado.

“Supongamos que a través de alguna ayuda del Gobierno, Vicentin pudiera mejorar el precio y agrandar su participación, el volumen que puede capturar no es mucho más que el 10 por ciento, porque no tiene estructura para absorber todos los excedentes de exportación”, expresó.

Además, advirtió el riesgo que podría correr el Gobierno si distorsiona las señales de precios. A través de mecanismos que de alguna manera ahuyente del negocio al resto de las exportadoras y desincentive las inversiones en el sector. “Hoy el Gobierno no está en condiciones de que la producción agroindustrial caiga y se pierdan divisas”, aclaró.

Para el economista Jorge Ingaramo hay que mirar con atención el rol que tendrá YPF Agro en la nueva compañía que se conforme.

“Tiene la mayor red del país de comercialización de insumos para el campo. Podría influir en los productores que necesiten financiación para la compra de gasoil y fertilizantes, presionándolos bajo la premisa de entregarles sólo como contraprestación de que le vendan los granos”, proyectó.

De todos modos, aclaró que sería una movida con impacto acotado. “Podrían incidir en los momentos de entrega de la mercadería y ayudar a un mayor ingreso de divisas que es lo que quiere el Banco Central; pero de ahí a que incida en la formación de precios, no lo veo. Pueden molestar, pero no manejar el mercado”, completó Ingaramo.

Agrovoz – La Voz del Interior – Favio Ré

Vicentin quedó debiendo dinero en una de cada tres localidades de Córdoba

En total de 5.200 millones de pesos son los que Vicentin les quedó debiendo a más de 500 proveedores de la provincia de Córdoba, según consta en el expediente de la convocatoria de acreedores que se está tramitando en un juzgado de Reconquista.

La Voz realizó una recopilación detallada de los créditos a favor que acumulan acopios, empresas, cooperativas y productores, localidad por localidad, que se puede observar a través de un mapa interactivo.

El listado involucra a personas físicas y jurídicas de 140 municipios y comunas, un tercio de los 427 que hay en Córdoba.

Ranking

Monte Maíz es la ciudad donde hay más créditos acumulados: 563 millones de pesos. Allí está el mayor acreedor local con domicilio cordobés, la firma Morel Vulliez, a la que le quedaron debiendo 520,8 millones de pesos.

Por detrás, Justiniano Posse es el segundo en la lista con 462 millones de pesos, explicados casi en su totalidad por los 450 millones de pesos que acumulan las dos cooperativas del pueblo.

El podio se completa con otra ciudad de la zona núcleo, Marcos Juárez, con 10 acreedores que acumulan un saldo sin cobrar de 400 millones de pesos.

El top ten de las poblaciones con mayor deuda por cobrar se completa con Matorrales (215 millones), Adelia María (205 millones), Wenceslao Escalante (191 millones), Villa María (164 millones), Jesús María (147 millones), Del Campillo (145 millones) y Camilo Aldao (140 millones).

Por cantidad de acreedores, la ciudad de Córdoba es la que tiene más: 33 tienen su domicilio fiscal allí. Por detrás se ubican San Francisco, con 22; Pozo del Molle, con 21; Río Cuarto, con 18; y Oncativo, con 17.

Agrovoz – La Voz del Interior – Favio Ré