Las regulaciones a la producción agropecuaria por parte de autoridades locales en zonas periurbanas o linderas a áreas sensibles como escuelas o cursos de agua han ido incrementándose por temor a probables perjuicios que los productos fitosanitarios podrían provocar a la salud humana y al ambiente. Así, las distancias permitidas para pulverizar pueden variar incluso dentro de una misma provincia.

El año pasado el 30% de la superficie cultivable de Entre Ríos estuvo en jaque, alrededor de un millón y medio de hectáreas, y cientos de productores chicos quedaron al borde del abismo. "Nos habían prohibido fumigar hasta con agua bendita, incluso con un fungicida con la misma fórmula de un conocido antihongos para humanos", dijo Fabio Schneider con un tambo de 90 hectáreas lindero a una escuela, de las que 18 son propias.

Luego de una larga disputa, el gobernador Bordet emitió el decreto 2239 que estableció una zona de exclusión de 100 metros para aplicaciones terrestres, 200 metros para aéreas y una zona de amortiguamiento terrestre de 300 metros desde el límite de la zona exclusión, y de 600 metros para las aplicaciones aéreas. La norma dice expresamente que "de todas las experiencias e informes emergen que en promedio la deriva alcanzó los 20 metros en aplicaciones terrestres y 45,2 en aplicaciones aéreas", tal como surge del documento de recomendaciones que elaboró el Ministerio de Agroindustria en 2018.

Otro caso resonante fue el de Pergamino, donde a fines de 2019 un juez federal prohibió pulverizar en forma aérea y terrestre a la curiosa distancia de 1095 metros respecto del casco urbano.

Interrogante

¿Tiene sentido hablar de zonas de prohibición fijas para la fumigación cuando ya existen herramientas tecnológicas que permiten producir en áreas periurbanas en forma segura, utilizando la robótica y sistemas de alta precisión junto con satélites?

"Hoy cualquier municipio puede monitorear una pulverización", dijo Julian Balduciel, uno de los creadores de Unimap, una firma que permite control en tiempo real de los pulverizadores, y agrega: "No tiene sentido tener áreas de restricción o de amortiguación fijas porque la tecnología para controlar las buenas prácticas en las aplicaciones está disponible".

Unimap instala sensores en el pulverizador que estiman la pérdida por evaporación, la merma por deriva por viento y la pérdida por taponamiento de la cañería. Los datos pueden verse en tiempo real, que además se suben a una nube, permitiendo eventualmente que las autoridades locales controlen que se esté pulverizando de manera segura. Todos estos datos quedan registrados.

La firma DyE provee electrónica que permite apagar el pulverizador cuando no se detectan malezas. "Así se reducen los costos y los riesgos de derivas respecto de los sistemas de pulverización convencionales con ahorros del 75% en fitosanitarios", dice Luis Adrover de DyE.

La máquina pulveriza con gota grande, lo que reduce aun mas el riesgo de deriva. El costo de instalar esta tecnología es de 5000 dólares por metro de barral, 100.000 para una pulverizadora de 20 metros. Si se contrata, el costo de una pulverización selectiva es similar al de la pulverización aérea, pero con un ahorro sobre el producto. Sin embargo, si pensamos que en las áreas cercanas a los urbanizaciones la opción es no pulverizar, la cuenta es otra.

Weedit provee tecnología holandesa pensada originalmente para fumigar en las veredas de las ciudades. El hardware que se instala en la pulverizadora escanea el suelo y cuando detecta las malezas abre el inyector en forma puntual. Se trabaja con malezas entre 2 y 10 cm.

"Esto implica un cambio cultural para el productor que está acostumbrado a esperar que la maleza tenga un cierto tamaño para entrar a fumigar en sábana y evitar una segunda pasada. Se aplica mucho menos producto", dice Marcelo Laspina, de Weedit. De un total de unas 6000 pulverizadoras activas en la Argentina, unas 200 ya tienen esta tecnología, muy instalada entre los productores que trabajan grandes superficies, en especial en provincias como Chaco o Santiago del Estero que además tienen muchos problemas de malezas. Según Laspina el ahorro en producto puede llegar al 95% para herbicidas de contacto y la deriva se reduce a cero.

Este desarrollo también incluye una conexión con la estación meteorológica para que el usuario no se exponga a condiciones inapropiadas, permitiendo control externo, eventualmente el municipio. Para un equipo de 20 metros, esta tecnología tiene un valor de US$130.000. El ahorro con maquinaria propia se podría estimar en unos 11 dólares la hectárea, que varia según la cantidad de hectáreas trabajadas.

Por otro lado, la nanotecnología en las formulaciones de fitosanitarios reduce las partículas que contienen los ingredientes activos y aumenta así la capacidad de difusión y superficie de contacto. La mayor biodisponibilidad y bioeficacia de las formulaciones con nanotecnología permiten el uso de menos principio activo por hectárea.

En el caso del 2,4 D, por ejemplo, la formulación con nanotecnología utiliza la mitad que las formulaciones tradicionales. Otra ventaja de esta tecnología es la menor volatilidad y deriva de sus formulaciones. La nanotecnología en productos fitosanitarios, que ya lleva más de cuarenta millones de hectáreas tratadas por los productores en Argentina, es una herramienta que permite tener un bajo impacto en el medio ambiente, tal como lo indican Índices como el EIQ (Coeficiente de Impacto Ambiental según sus siglas en inglés).

Solo algunos de los desarrollos que proponen soluciones para mitigar riesgos, disminuir el uso de insumos y envases, y realizar seguimiento y control en tiempo real de las pulverizaciones.

Proyecto de ley nacional

La Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), que reúne a mas de 90 asociaciones públicas y privadas del sector agropecuario anunció que redactó un proyecto de ley que pretende ser un paraguas normativo nacional mínimo para las pulverizaciones.

Propone la prohibición de aplicar en forma terrestre a menos de 10 metros y 45 en forma aérea para las zonas sensibles. Las provincias podrían adherir a esta ley nacional cuyas autoridades de aplicación son los ministerios de Agroindustria y Ambiente. El proyecto es riguroso en los mecanismos de control y las sanciones por parte de los municipios y solicita que en las áreas sensibles las aplicaciones se hagan con receta, fiscalizador, máquina matriculada, con verificación técnica y carnet habilitante.

"La figura central es el municipio quien tiene a su cargo la fiscalización y las provincias serán las autoridades de aplicación que articularán con los municipios. Cuando no hay paraguas normativo, empiezan a jugar distintas razones individuales ante cualquier conflicto que aparece", explicó a la LA NACION Juan Brihet, coordinador técnico de la Red BPA.

En el arco contrario, el diputado Leonardo Grosso (FPV-Buenos Aires) presentó a mediados de año un proyecto de ley que busca prohibir las aplicaciones aéreas y terrestres a menos de 1500 metros de zonas urbanas y otros sitios cercanos a las zonas rurales.

Campo – La Nación – María Martini