Con la excusa de “rescatar” a la cerealera Vicentin, que está en concurso preventivo por una deuda de US$1350 millones, el presidente Alberto Fernández anunció ayer la intervención y expropiación de la firma, originaria de Santa Fe, una de las principales exportadoras de granos, harinas y aceites del país. La medida, que implica un avance del Estado en la economía en medio de la crisis por el Covid-19, fue festejada por el oficialismo, pero recibió críticas de la oposición –que la calificó en un comunicado de “peligrosa, ilegal e inconstitucional”– y de entidades del sector agropecuario.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia, la firma pasa a tener carácter público y dependerá de la división agro de YPF. Uno de los argumentos de la expropiación es que el Banco Nación es el principal acreedor de Vicentin, con más de $18.000 millones prestados en prefinanciación de ventas al exterior.
El Presidente dijo que la medida “favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”, en referencia a que Vicentin también produce carnes, algodón y vinos, entre otros productos.
Anoche, la firma Vicentin afirmó que la decisión genera “incertidumbre y preocupación ”.
Con un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el jefe del Estado nombrará a Gabriel Delgado, exsecretario de Agricultura de la Nación durante la presidencia de Cristina Kirchner, interventor en la firma. A la par, enviará un proyecto de ley de expropiación, con el cual indicó se está trabajando con la senadora Anabel Fernández Sagasti.
“Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3000 productores que tendrán a quién seguir vendiéndole su producción”, señaló el jefe del Estado, rodeado tanto por Delgado y Fernández Sagasti como por el ministro de Producción, Matías Kulfas. El mandatario añadió que la medida es “estratégica” y remarcó que, además, “favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”.
Según explicó el jefe del Estado, los activos de la compañía pasarán a un fondo fiduciario que se manejará desde YPF Agro, la división de la petrolera estatal que vende agroquímicos y fertilizantes, entre otros insumos para el sector.
En diciembre pasado, días antes del cambio de gobierno, Vicentin anunció la cesación de pagos a productores por unos US$350 millones. Lo hizo argumentando “estrés financiero”, entre otros motivos, tras inversiones por US$900 millones. Luego se conoció que la deuda de la empresa era mucho mayor. Allí pasó a conocerse el préstamo equivalente a $18.000 millones del Banco Nación para prefinanciar exportaciones y otros US$650 millones de bancos internacionales.
En febrero pasado, la firma solicitó la apertura de su concurso de acreedores. Presentó una nómina de más de 2600 acreedores por una suma denunciada total de $99.345.263.086,50.
El año pasado, la empresa fue la cuarta exportadora en general del sector y primera en subproductos y aceites. Vendió al exterior 2,6 millones de toneladas en granos, 5,9 millones de toneladas en subproductos y 1,4 millones de toneladas en aceites. Entre 2017 y 2019, esto es con harina, aceite, trading, biodiésel (a través de una sociedad), sus ventas aumentaron 12%. Pasaron de US$2832,5 millones a US$3173 millones. Mientras tanto, considerando otras actividades, logró aumentar sus ventas de más de US$3500 millones en 2017 a unos US$4200 millones el año pasado. El grupo Vicentin también está en el negocio frigorífico, en una algodonera y en la exportación de miel.
La semana pasada, un grupo de intelectuales y dirigentes políticos de centroizquierda habían pedido que Vicentin se transformara en una empresa pública no estatal.
“Es una excelente noticia rescatar a esta empresa y que tiene que ver con la soberanía alimentaria”, indicó la senadora Fernández Sagasti.
Kulfas subrayó que es relevante “tener una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios”.
Por su parte, Delgado trazó un paralelismo entre YPF y Vaca Muerta porque su división de agro manejará la exportadora. “Ahora a YPF le toca tener también la vaca viva”, dijo el flamante interventor.
La medida del Gobierno de avanzar en la intervención y envío de un proyecto para la expropiación de la compañía fue celebrada en el oficialismo y criticada por sectores de la oposición y por la propia empresa.
Entre otras voces, según Télam, la diputada oficialista Gabriela Cerrutti señaló que la “expropiación de Vicentin significa cuidar trabajadores, rescatar a pequeños productores, gobernar en pos de la soberanía alimentaria y entender que los nuevos tiempos necesitan que YPF trabaje sobre algo más que petróleo”.
Desde la oposición, Luciano Laspina (Pro) dijo en Twitter: “No abro juicio aún sobre la expropiación de Vicentin. Solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos. Las ganancias futuras, ya veremos”. Ricardo Buryaile y Luis Miguel Etchevehere, exministros Mauricio Macri en el área agrícola, también fustigaron la medida. “Después de escuchar al Presidente parece que la intención es hacer funcionar a Vicentin como una Junta Nacional de Granos, que va a intervenir en el mercado como una empresa testigo”, dijo Buryaile.
Etchevehere, en tanto, señaló que la expropiación es “una aventura empresarial”. Luego añadió: “Ya sabemos que termina con todos los argentinos pagando la fiesta”.
Vicentín, mediante un comunica- do, expresó: “el camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas. Por último, reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país ,que se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos”.
En un comunicado, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) expresó su sorpresa por el anuncio oficial. “Ciara comprende la preocupación del Estado por la preservación de fuentes de trabajo. En este sentido, entendemos, sin embargo, que dentro del concurso preventivo iniciado por los accionistas de la empresa, se presentaron compradores interesados que garantizaban la continuidad de la operación de la empresa. Por este motivo nos sorprendió la intervención que se dio a conocer en el día de hoy [por ayer]”, dijo.
La entidad de los exportadores consideró, entre otros conceptos, que “es importante que la futura empresa estatal sea parte de las mismas reglas de juego y tenga igualdad de condiciones que las demás empresas”.
La Nación – Fernando Bertello
