Un diálogo con el gobernador Omar Perotti, que insistió en la inconveniencia de que la empresa fuera adquirida por un grupo extranjero, y la dilación del proceso judicial de quiebra por efecto de la cuarentena, convencieron al Presidente de que era el momento de dar un golpe de timón. El gobierno de Santa Fe, sede principal de la compañía, estaba en conversaciones con los dueños. La idea de que YPF Agro se hiciera cargo de Vicentin se exploró durante esos diálogos.

Fue determinante para el avance del gobierno nacional una resolución judicial, del viernes pasado, que resolvió establecer un nuevo cronograma de fechas del concurso preventivo de acreedores. Según un informe que hoy distribuyó el Gobierno, se volvió "imperioso" actuar. ¿Por qué? "Para evitar que el volumen agroexportador de Vicentin pase a manos de sus competidores y consecuentemente el mercado se concentre aún más en los mismos actores transnacionales, que continuarán especulando con la liquidación de divisas, expoliando nuestros recursos y transfiriendo sus rentas al exterior y a países no cooperantes con baja o nula tributación".

Fernández tomó la decisión sobre el final de la semana pasada. La senadora Anabel Fernández Sagasti , una dirigente de La Cámpora muy cercana a Cristina Kirchner , le había llevado la idea de expropiar. El Presidente entendió que antes había que avanzar con un decreto de intervención para tomar posesión de la empresa de inmediato. No lo conversó con los empresarios más importantes del país, a los que recibió la semana pasada en la residencia de Olivos. "Ellos conocían mejor que yo el desastre de Vicentin", dijo en las últimas horas el Presidente. Mantuvo el tema reservado entre los que participaron de la decisión. "Quería evitar operaciones", dicen en su entorno.

En una charla con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas , definió que la persona ideal para llevar adelante la intervención era Gabriel Delgado , secretario de Agricultura durante el gobierno de Cristina Kirchner. "Es un tipo muy respetado en el sector, y la presencia de YPF es más garantía de seriedad", comentó Fernández minutos después de los anuncios. El economista estuvo a punto de asumir como ministro de Agricultura, un puesto que a último minuto fue para el formoseño Luis Basterra .

Deuda

Delgado será el encargado de hacer un primer balance de la situación de la empresa, con una deuda de casi $100.000 millones, buena parte con la banca nacional. Aunque se mostró cauto durante la conferencia de prensa, el Presidente recibió informes sobre la posible comisión de maniobras irregulares de vaciamiento. Los cañones del Gobierno apuntan también contra el expresidente del Banco Nación Javier González Fraga.

Al margen de la batalla política que se avecina, en el Gobierno creen que la intervención de Vicentin es una decisión "estratégica" que le dará al Estado nacional un lugar de peso que hasta ahora no tenía en un área clave, la de exportación de productos agrícolas . La posibilidad de incidir sobre los precios internos de los alimentos está sobre la mesa, pero en el Gobierno dicen que no fue una motivación para decidir la medida. Eso sí, en la Casa Rosada celebran que la intervención de la compañía, entre las cinco de mayor volumen exportador de su sector, permitirá al Estado tener un manejo mayor de la liquidación de divisas y, por lo tanto, del mercado cambiario.

La Nación - Gabriel Sued

Una medida que maduró en secreto, entre Perotti y la influencia cristinista

Alberto Fernández tomó la decisión hace varios días. Fue antes incluso de la reunión que mantuvo con los principales empresarios del país, hace cuatro días, pero nada dijo en ese momento. El Presidente no quiso empañar el encuentro en el que buscó despejar las dudas que se habían esparcido en el sector privado en las últimas semanas. El anuncio de la expropiación de Vicentin, celebrado por el kirchnerismo de paladar negro, hubiese complotado contra ese mensaje.

El tamaño de la deuda de la empresa -"que casi hace volcar al Banco Nación", según detalló un hombre de confianza del Presidente-, la situación de los trabajadores y la subsistencia de 2600 pequeños productores fueron determinantes para dar el paso.

"No había otra opción", admitió uno de los hombres de confianza de Alberto Fernández, quien hace algunas semanas puso a trabajar en los detalles del anuncio al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con la ideóloga de la estatización, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), camporista y una de las principales aliadas de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La idea la fue construyendo de a poco y, pese a las dudas primigenias, maduró en las últimas semanas de la mano del impulso de Fernández Sagasti y la presión del Instituto Patria. Pero para el Presidente también fue determinante uno de los gobernadores con mayor ascendencia en la Casa Rosada, el santafesino Omar Perotti.

La posibilidad de que la medida se repita en otros ámbitos fue descartada de plano. Desde el Gobierno insistieron en que se trató de una medida "excepcional" y que Vincetin no será punta de lanza para otras intervenciones estatales en empresas privadas. "Eso es una locura, fuera del sentido común", lanzó uno de hombres del círculo íntimo presidencial.

Venezuela, el infierno y los equilibrios internos

En este punto, no sorprendió la reacción de la oposición. "Era previsible", dijeron fuentes oficiales. En la Casa Rosada anticipaban que la firma del DNU sería utilizada para refrescar los fantasmas sobre la injerencia del Estado en las empresas que se instalaron con el proyecto a las grandes fortunas o la opinión de la diputada Fernanda Vallejos de quedarse con las acciones de las firmas que recibieron asistencia del Estado para pagar sueldos.

Incluso el Presidente fue claro al respecto. "La oposición va a tener oportunidad de compararnos con Venezuela o con el infierno", sostuvo el jefe del Estado, en referencia al debate que se dará en el Congreso.

Una vez más, Alberto Fernández ratificó sus dotes como equilibrista. Si el último jueves había desplegado su versión más amigable con los principales empresarios del país, a los que les dijo que quería "ser su socio", con la intervención de la exportadora de granos, harinas y aceites, que se encuentra en concurso de acreedores y tiene una deuda de $100.000 millones, mandó un mensaje a la tropa más radicalizada del kirchnerismo.

Para reforzar su mensaje y evitar malas interpretaciones dentro del Frente de Todos, el Presidente se decidió por una persona de su confianza como interventor del Estado nacional en Vicentin. Gabriel Delgado, un especialista en temas agropecuarios -exsecretario de Agricultura Ganadería y Pesca de Cristina Kirchner-, era uno de los nombres que estuvieron en danza para el Ministerio de Agricultura, pero finalmente perdió esa pulseada.

Ahora, la batalla se mudará al Congreso, territorio que controlan la vicepresidenta y su hijo, Máximo Kirchner, en tándem con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; un terreno en el que el Presidente deja actuar sin condicionantes.

La Nación - Santiago Dapel