En las mesas sectoriales de maíz y trigo, los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, encabezados por Luis Basterra y Matías Kulfas, respectivamente, acercaron la posibilidad de facilitar el acceso al crédito para los pequeños y medianos productores mediante el otorgamiento de garantías totales o parciales en respaldo de créditos otorgados por entidades financieras para aquellos que demandan trigo y maíz en el mercado local, como insumos para la cría de ganado o la elaboración de alimentos.

Estos préstamos a conceder por bancos públicos y privados estarían respaldados por el Fondo de Garantías Argentino (Fogar), de manera que los productores no tengan que trasladar directamente eventuales saltos en sus costos de producción a los precios finales y puedan sortear con más espalda esos desajustes.

El corazón de la propuesta apunta a los criadores de ganado y los molinos de trigo, para atacar la suba de precios en el mostrador de la carne y el pan. Asimismo, el Gobierno viene demandando a cada sector un panorama exhaustivo sobre la demanda de granos para trabajar con los productores primarios y asegurar precios y cantidades. Por caso, la industria avícola reportó haber superado las dificultades de corto plazo, y los molinos creen poder sortear la situación a la brevedad.

Otra medida en discusión, que falta madurar, es la posibilidad de ampliar las operaciones de cobertura a través del Rofex para asegurar volumen anualmente y menores precios.

Los representantes del campo nucleados en la Mesa del Maíz y la Mesa del Trigo acercaron al Gobierno la sugerencia de crear un "fondo anticíclico alimentario" que, usando parte de los ingresos adicionales que este año recaudaría el Tesoro a raíz de la imprevista suba de los precios internacionales de las commodities, se genere un colchón que permita "desacoplar" los precios internos, como tanto pretende el Gobierno para no trasladar la suba de los precios internacionales al contexto local.

Según los cálculos de los interesados en ver prosperar esta medida, el Gobierno proyectó para este año recaudar cerca de $ 5835 millones por los derechos de exportación vigentes, pero a precios actuales esa estimación quedaría ampliamente superada y permitiría al Estado embolsar más de $ 8000 millones. El campo quiere que parte de los más de $ 2200 millones vuelvan a la actividad, aunque es de esperar que ese superávit financie parte de la demanda de insumos importados en la industria.

Como contó El Cronista una semana atrás, el Gobierno rehúye de momento a avanzar con una suba de retenciones a los granos para no tensionar una relación con el mundo agropecuario y que podría tirar por la borda una agenda de trabajo que trasciende la coyuntura. Sin embargo, la inflación en alimentos desvela a más de un funcionario, más aún tras conocerse que la canasta básica alimentaria -que mide el umbral de la indigencia- subiera más de 10 puntos por encima de la inflación del 2020.

El jueves pasado, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, participó en la reunión del gabinete económico para dar un reporte sobre el impacto de la suba de precios a nivel internacional y las articulaciones que se están realizando desde el Gobierno con la cadena agroalimentaria para que los alimentos tengan "valores que sean razonables para la población".

El formoseño, hombre del gobernador Gildo Insfrán, reconoció que "se están identificando los instrumentos para lograr un desacople de los precios", y aseguró que el Gobierno trabaja para que las acciones por instrumentar se ejecuten "con el consenso de todos los actores".

El Cronista – Ezequiel Chabay